El catorce de junio Sandro Rosell y su equipo tomaron el órgano directivo del F.C.Barcelona. La junta saliente encabezada por Joan Laporta se marchó por la puerta de atrás, pese a los resultados deportivos, entre falta de credibilidad y dudas generalizadas sobre su gestión económica. Sensaciones que se tradujeron en el cambio de tendencia en las urnas. El candidato continuista, Jaume Ferrer, fue el que generó menos confianza entre los socios con un 10,09% de los votos. Sandro Rosell sumó el 62,2% del respaldo y ganó con holgura las elecciones a la presidencia del club.

Empezaba así una nueva etapa en las oficinas barcelonistas. Del excesivo protagonismo de un líder amante de la conferencia a un comandante oculto, poco amigo de las cámaras. El espíritu crítico no se ha visto alterado. Las nuevas decisiones despiertan el mismo afán de examen continuo que las de su antecesor. Así lo corroboran las reacciones al despido de Chigrinskiy, la acción social de responsabilidad contra la junta de Laporta, el periplo de Pamplona y la venta del frontal de la camiseta a Qatar Foundation. La victoria de Rosell fue aplastante, pero existía la sensación que una parte importante parte del electorado votó en censura. La controversia en torno a sus primeras decisiones insinúa que su mandato no será tan cómodo como se podía presumir tras las elecciones.

Joan Laporta abandona la presidencia del Barcelona después de siete años. Deja en el camino una moción de censura, numerosas renuncias en su junta -desde el mismo Rosell a Ferran Soriano-, espionajes a directivos (auditorías de seguridad para los entendidos) y una convulsión interna casi permanente (que dicho sea, no frenó la excelente evolución deportiva del club). En el plano económico emitir una sentencia sobre el presunto derroche de fondos de la anterior junta es precipitado. La auditoría de cuentas que ordenó la junta entrante destapó negocios turbios y dispendios innecesarios. Las niegan sus protagonistas. Palabras de Xavier Sala Martín contra las de los auditores de KPMG. Sandro Rosell sometió a juicio de la asamblea emprender acciones legales contra la gestión de Laporta. Los compromisarios aprobaron. El ex presidente impugnó. Decidirá el juez.

Hasta entonces no sabremos si la sitacuión económica del club es tan mala como la pinta la actual directiva (vender a Chigrinskiy para poder pagar las nóminas, publicidad en la camiseta por necesidad imperativa), o se trata de un estratagema de Rosell para contar que cogió el club de una forma (pérdidas) y se fue de otra (ganancias?). A mitad de problemática, una ‘Due Diligence’ que solo pudieron consultar aquellos socios que lo solicitaron, acercándose a las instalaciones del club para ojear un resumen insuficiente.

Mientras se cocina un largo proceso judicial, que exige responsabilidades pero también acentúa la división de la masa social del club, Laporta ha empezado con éxito su proyecto político al frente de Solidaritat Catalana per la Independencia, que ha conseguido 4 diputados en sus primeros comicios. El ex presidente del Barça hizo su primeras intervención en el Parlament durante el debate de investidura, donde al margen de felicitaciones, también recibió algunas críticas. Una anecdótica, por no saludar al presidente en funciones, y otra estructural, por parte del ahora ya presidente Artur Mas, pues muchos se preguntan qué puede aportar a la construcción política de Catalunya un partido que solo tiene discurso a partir de la independencia y que, de momento, se queda en blanco en las discusiones que no tienen la autodeterminación como punto de partida.

El inicio de Rosell tampoco ha sido plácido. Primero Cruyff, después la asamblea, durante Laporta. Habrá que estar atentos a la definición del affaire económico. Si se confirma el despilfarro y las pérdidas que acredita la junta de Rosell, la directiva anterior deberá asumir las consecuencias. De lo contrario, la imagen de la actual quedaría muy mermada, pues han justificado sus acciones menos populares alegando problemas económicos. Entre ellas, lucir en la camiseta publicidad de Qatar. La medida “estudiada hacía meses” que no venía en el programa electoral.

Fotografía | Solidaritat Catalana